La Apostilla de La Haya se refiere al acuerdo firmado en 1961 donde los países signatarios acordaron abolir el requisito de legalización de documentos públicos extranjeros. De esta manera, los documentos públicos de uno de los países signatarios del acuerdo, con la apostilla de La Haya, son válidos en cualquier otro país dentro del acuerdo. Esta gestión legal es única y se basa la colocación en el documento público que se desea apostillar una nota que certifica la autenticidad del documento emitido en otro país.
El método tradicional para autenticar documentos públicos que deben entrar en vigencia en el exterior se denomina «Legalización» y consiste en un proceso de certificación de cadena que involucra a funcionarios públicos del país donde se emitió el documento y la Embajada o Consulado del país donde se emitirá. Esto, obviamente, hace que el proceso sea más lento y más complicado.
Se puede usar una apostilla siempre que sea necesaria una copia de un documento oficial de otro país. Este tipo de gestión es necesario para trámites de naturaleza administrativa, como certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; documentos de una autoridad o un funcionario vinculado a un tribunal.
Cabe señalar que la Apostilla solo certifica el origen del documento público al que se refiere: certifica la autenticidad de la firma o sello de la persona o autoridad que firmó o selló el documento público y la capacidad que tenía para hacerlo. La Apostilla no certifica el contenido del documento público al que se refiere.