En su sentido más amplio, la seguridad se refiere a la sensación de resguardo en medio de un conjunto de carencias y situaciones de riesgo que inciden de manera negativa en la calidad de vida de una persona o un colectivo.
Precisamente por tratarse de una sensación, las condiciones de las que depende el criterio que define la seguridad están ligadas a un hecho con cierto carácter subjetivo.
Mientra que, en términos generales, la seguridad hace mención a la suma de una serie de técnicas y estrategias enmarcadas en las políticas públicas de una región determinada, orientadas a proteger a la ciudadanía del padecimiento de diferentes acciones delictivas, especialmente aquellas que ponen en peligro la integridad física de las personas.
El principal elemento que se debe considerar a la hora de estudiar los niveles de seguridad que se registran en una población está sujeto al marco legal que determina la normativa de convivencia ciudadana dentro de ese territorio.
Ese aspecto permite ejecutar acciones de arbitraje en los problemas que se pueden presentar entre dos o más personas, así como establece las sanciones de las que serán objeto aquellos que irrespeten la ley.
En ese orden de ideas, las regulaciones legales deben ser sometidas a constantes actualizaciones, con el objetivo de contextualizar al problema en el tiempo en el que se desarrolla.
Visto de ese modo, hay crímenes que por razones de índole cultural se clasifican como más o menos graves que otros, dependiendo de la nación donde se cometan, motivo por el cual las estrategias de seguridad a implementar no pueden ser las mismas en diferentes contextos territoriales, es decir, cada una de ellas debe estar diseñada para que se ajuste a la realidad que se vive en determinado poblado.