Comiso es el que se refiere a la sanción otorgada a una persona o ente dirigido y autorizado a privar al infractor o presunto delincuente según sea el caso, y tomando en consideración lo establecido en la legislación vigente. Puede ser una confiscación primaria: cuando se refiere solo a la mercancía en violación, y la confiscación secundaria: cuando se refiere al medio de transporte eventualmente utilizado en la comisión de la infracción correspondiente.
La figura de «confiscación» en nuestro sistema jurídico penal ha jugado un papel secundario y siempre subordinado al de castigo. Es a partir de la aparición o existencia de nuevas formas de criminalidad que extienden sus redes a los territorios de más de un estado y operan a través de estructuras u organizaciones complejas, cuando esta institución ha sido dotada de un marcado carácter supranacional y con ello de una nueva dimensión, con el objetivo de convertirlo en un mecanismo efectivo capaz de abordar de manera integral cualquier actividad delictiva y especialmente de privar de manera rápida y efectiva a los delincuentes, tanto cuando actúan solos, y cuando lo hacen protegidos por una organización o grupo criminal, de los activos, medios o instrumentos con los que se preparó o ejecutó el delito, y los efectos y ganancias que provienen de él, estén donde estén.
En este sentido, para que un instrumento legal como la confiscación sea efectivo, es necesario prestar especial atención y, por lo tanto, asignar importantes medios, tanto materiales como personales, a la fase de investigación, ya que, solo si se lleva a cabo un trabajo de investigación efectivo. identificar no sólo al delincuente, sino también los medios e instrumentos que despliega para la preparación y ejecución de su actividad delictiva, y por supuesto, desentrañar el destino y la ubicación de las ganancias o beneficios que informa la actividad delictiva, a su captura y confiscación.
Por lo tanto, debe apartarse de un concepto unitario o supranacional de lo que debe entenderse por confiscación, así como establecer en un lenguaje común, qué bienes o derechos son susceptibles de ser confiscados y en qué condiciones, siendo éste el principal objetivo de la reforma operado en los cuerpos policiales o de seguridad.