El estado intervencionista es aquel que regula la economía, planifica la producción, los niveles de gasto, de demandas, fija los salarios, ya que su propio nombre indica que tiene un papel de liderazgo en cuestiones de economía. Sería lo opuesto al estado liberal, que se reduce a muy pocas funciones, como la administración de justicia y seguridad.
Este término se usa, sobre todo, en los campos de la política y la economía para referirse a la interferencia de un actor, entidad u organismo en el campo o las facultades que corresponden a otro.
El intervencionismo, en este sentido, tiene connotaciones negativas, especialmente cuando dicha intervención ocurre por imposición o por la fuerza. Cabe destacar que tanto en el ámbito privado como en el público se presentan ciertas situaciones conflictivas y es donde el intervencionismo se concibe con fines moderadores o reglamentarios, y sus acciones están destinadas a establecer estándares o una mediación efectiva entre las partes.
Por lo tanto, el intervencionismo económico asume la posición predominante del sector público frente al sector privado en una economía. De esta forma, el Estado controla y monitorea toda la actividad económica existente en su territorio (o parte de ella en forma de sectores) y el comportamiento de los agentes a través de leyes y regulaciones económicas. La principal consecuencia de este tipo de intervención es la clara incidencia que generalmente permite en variables como el consumo y ahorro de la población o los niveles de producción de las diferentes industrias del país, estimulando o no los sectores económicos que priorizan.